Por Juan Carlos Losada
La reciente pandemia que aún nos afecta, y de la cual no hemos salido del todo, demostró que somos una sociedad totalmente dependiente del plástico. Justo cuando el mundo estaba reaccionando frente al uso indiscriminado de este material, la coyuntura global nos obligó a usar el plástico como no lo habíamos hecho en los últimos años.
Según Naciones Unidas, las ventas globales de mascarillas desechables alcanzaron un aproximado de 166.000 millones en el 2020, aumento de 200 veces con respecto al año anterior, en el que se vendieron 800 millones. El progreso que veníamos haciendo en la reducción de plásticos de un solo uso se vio bastante afectado con el aumento en el uso de desechables como bolsas, botellas de desinfectantes, guantes, kits de pruebas, trajes médicos, empaques de comida y demás productos que ahora son parte de nuestra cotidianidad.
La realidad es solo una, si seguimos con los hábitos de consumo y las prácticas de gestión de residuos no cambian, para el 2050 habrá en el mundo alrededor de 12.000 millones de toneladas de basura plástica en vertederos y espacios naturales. Y es que tenemos mucho trabajo pendiente en esta materia; de los nueve mil millones de toneladas que hemos producido desde la década de los 50 del siglo XX, solo hemos logrado reciclar el 9%.
Desde el Congreso de la República hemos impulsado un Proyecto de Ley para prohibir en Colombia la comercialización de plásticos de un solo uso, lo radicamos el 20 de julio de 2020 y hasta ahora se han realizado los dos debates de la Cámara de Representantes. Faltarían los dos restantes en el Senado para que la prohibición de plásticos de un solo uso sea una realidad en el país.
La iniciativa busca que a partir del 01 de enero del 2025 se prohíban en Colombia los siguientes productos de un solo uso; bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas y facturas, como las utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada; mezcladores y pitillos para bebidas, soportes plásticos para las bombas de inflar, envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato, láminas o manteles para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, soportes plásticos de los copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón, plásticos utilizados en el sector de la construcción para protección de vidrios, puertas, baldosas y accesorios de baño.
Y a partir del 01 de enero del 2026 quedarán prohibidos; bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías; rollos de bolsas vacías para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos; rollos de película extensible para empaques de alimentos a granel; envases, recipientes y bolsas para contener líquidos; platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes para comer; rollos de película extensible y de burbuja utilizados como envoltura con que se protegen objetos que se van a transportar dentro del territorio nacional.
El trámite de esta iniciativa no ha sido pacífico y, por culpa de la inconciencia, la avaricia y la codicia de unos pocos que se llenan los bolsillos a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales, durante el debate en la plenaria de la Cámara fueron eliminados artículos claves para el proyecto, especialmente los referentes a la responsabilidad de los productores de plásticos.
Es importante recordar que para la construcción de este proyecto, así como para los distintos debates que ha surtido en el Congreso, se han facilitado espacios de discusión y concertación tanto con organizaciones ambientales, como con los gremios relacionados en esta industria. Incluso, previo a la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes se creó una Subcomisión que pretendía abrir nuevos espacios, particularmente con la industria, para discutir el posible impacto económico de las medidas planteadas en el proyecto. Luego de escuchar las distintas perspectivas y llegar a acuerdos que fueron plasmados en el informe de la subcomisión e incluso en una enmienda que se radicó de forma posterior, varios de los miembros de la subcomisión nos hicieron conejo durante el debate, desconociendo incluso varios de los acuerdos alcanzados con la industria plástica. De esta forma, consiguieron que en el texto se incluyeran varias excepciones, producto de las negociaciones que tuvieron lugar en la subcomisión, pero además eliminaron de forma desleal y en perjuicio de los acuerdos alcanzados, el artículo que establecía la responsabilidad extendida del productor.
Este artículo, que básicamente se constituía como la columna vertebral del proyecto, era el que garantizaba que los fabricantes de plásticos respondieran de forma integral por los productos puestos en el mercado que posteriormente se convierten en desecho. Así, se establecían metas de reciclaje para los plásticos de un solo uso, y también para aquellos para los que ya existen sistemas efectivos de reciclaje, como las botellas PET. Sin embargo, la jugadita no les salió tal como esperaban, ya que al eliminar el artículo eliminaron también las excepciones a plásticos como el PET y el polietileno de alta densidad que, en razón a ese artículo estaban exentos de la prohibición del proyecto. A raíz de la eliminación, estos polímeros entraron a la prohibición, lo cual implica un duro golpe para la industria, producto de su actuar desleal.
En este punto es importante resaltar que, si bien fueron las mayorías las que lograron la eliminación de este artículo, la propuesta fue presentada por el Representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, reconocido escudero del clan Char. Si bien el congresista procuró argumentar su iniciativa partiendo de la existencia de metas relacionadas con la responsabilidad extendida del productor en otras normas ya vigentes, la realidad es que la solicitud de eliminación tuvo como origen una solicitud expresa de la familia Char, dueña de la empresa Empaques Transparentes S.A., que para el 2020 facturó más de 37 mil millones de pesos, lo que significó un aumento del 21,52% en la utilidad bruta de la compañía en comparación con el año anterior.
Evidentemente una empresa que se lucra con la producción de un material altamente contaminante y que en pandemia vio incrementadas sus ganancias debido a la coyuntura, no tiene ningún interés en invertir en el cierre de ciclos efectivo y prefiere seguir poniendo productos en el mercado que casi de forma inmediata se convertirán en basura, sin que por eso tengan que rendir cuentas o asumir algún tipo de responsabilidad.
El reto en este momento es corregir los errores con los que salió el proyecto en Cámara de Representantes y esperar que la industria plástica entienda que esta es su mejor oportunidad para regular este asunto. Desde la radicación se han abierto todas las puertas para ofrecer un debate transparente y abierto a todas las posiciones, circunstancia que desafortunadamente no ha sido aprovechada por la industria que ha intentado sabotear el trámite y, por esa razón, ha terminado perjudicada.
No podemos permitir que los intereses privados de unos pocos, afecten el bien común y los recursos naturales que son de todos y del que depende nuestro futuro como sociedad y especie.
Juan Carlos Losada
Representante a la Cámara por Bogotá
